El acoso escolar, conocido también como bullying, es una forma grave de violencia que se produce en los centros educativos y que lamentablemente ha encontrado un nuevo campo de expansión a través de internet, dando lugar al ciberacoso. En respuesta a esta problemática, los sistemas educativos y legales han desarrollado protocolos específicos para manejar y prevenir estas situaciones. Los funcionarios de los centros educativos, como maestros y directores, están obligados a actuar frente a cualquier indicio de acoso escolar. Esto incluye la investigación inicial de los hechos y la adopción de medidas adecuadas para proteger a los estudiantes. Cuando se detecta un caso de acoso escolar, el personal del centro debe informar al inspector educativo y a las familias de los estudiantes involucrados. Esto asegura que todos los actores relevantes estén al tanto de la situación y puedan tomar medidas adicionales si es necesario.En ningún caso se permite el interrogatorio de un menor sin la presencia de su padre, madre o representante legal, a menos que exista una situación excepcional que lo justifique, como podría ser un caso de abandono o maltrato. Los docentes y funcionarios educativos también tienen el deber de cooperar con funcionarios de otras administraciones, como los servicios sociales o las autoridades policiales, especialmente en casos donde el acoso escolar pueda ser síntoma de problemas más graves.