Como abogados penalistas**, es nuestra responsabilidad asegurar que la actuación de la **Policía o Guardia Civil durante el proceso de detención e investigación de nuestro defendido se ajuste a la legalidad dentro de un procedimiento de **juicio rápido**:La identificación de las personas involucradas en el procedimiento, ya sean imputados, testigos o víctimas del presunto delito, es fundamental. Además, es obligatorio que informen a todas las partes involucradas acerca de sus derechos durante la investigación y el procedimiento judicial, conforme lo establece el **Artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal**.En la recolección de pruebas, la Policía tiene la autoridad para llevar a cabo diversas acciones que son vitales para la consolidación del caso. Esto incluye la **realización de citaciones**, donde pueden citar al investigado si no se encuentra detenido, interrogar a los testigos que consten en los atestados policiales y a la víctima, así como a los responsables civiles, si los hubiera.La parte documental es crucial. La Policía debe compilar los informes médicos pertinentes y solicitar la comparecencia del médico forense**. Además, es su función enviar al **laboratorio las sustancias encontradas para su análisis por el Instituto de Toxicología**, con el fin de determinar si el detenido se encontraba bajo la influencia de drogas. Asimismo, deben realizar la **tasación de los objetos encontrados y emitir un **dictamen**.Finalmente, establecerán medidas cautelares y de protección adecuadas, basadas en la evaluación del riesgo y la necesidad de proteger a las víctimas y asegurar la administración efectiva de la justicia.