El abogado de oficio puede ser solicitado por cualquier persona detenida en comisaría; sin embargo, la asistencia jurídica gratuita se concede únicamente si el detenido demuestra tener rentas bajas, conforme a los criterios establecidos por la ley. Si no se cumplen los requisitos económicos para acceder a este beneficio, el detenido deberá pagar los honorarios del abogado experto en Derecho Penal que elija para su defensa.