Tener antecedentes policiales o penales puede afectar significativamente en diversos trámites con la Administración, como oposiciones, obtención de licencias de armas, reincidencia en penas, solicitudes de nacionalidad o residencia para extranjeros en España o la Unión Europea, e incluso en la obtención de ayudas o préstamos tanto públicos como privados. Además, es común que se solicite en algunos puestos de trabajo y es obligatorio para poder trabajar o participar en algunas asociaciones u ONGs. Todos los particulares condenados por sentencia firme que hayan extinguido su responsabilidad penal tienen el derecho de obtener del Ministerio de Justicia la cancelación de sus antecedentes penales en los plazos que marca la ley. El antecedente penal lo constituye la nota de condena, por lo que su cancelación afecta al conjunto de penas impuestas en sentencia firme y no a cada una de las penas individualizadas.