Disponer de un plan de **compliance** ofrece significativas ventajas judiciales para las empresas, especialmente en el contexto de litigios o procedimientos sancionadores. Uno de los principales beneficios es que dicho plan puede ser presentado como **prueba fundamental** de que la empresa ha implementado medidas adecuadas y efectivas para prevenir delitos dentro de su estructura. En caso de que se produzca un delito, la existencia de un plan de compliance robusto y bien documentado, que incluya registros detallados de todas las acciones y protocolos seguidos, puede ser crucial para demostrar la diligencia de la empresa. Esto puede ser decisivo para solicitar la **eximente de responsabilidad penal** de la persona jurídica en un proceso judicial, conforme a lo establecido en el **Artículo 31 bis del Código Penal**. La implementación de estos planes es altamente valorada no solo por la legislación nacional, sino también por la **fiscalía, jueces y actores jurídicos a nivel europeo e internacional**. Los tribunales tienden a favorecer a las empresas que demuestran un compromiso proactivo con el cumplimiento legal y la ética corporativa, considerándolo un indicativo de buena fe y gestión responsable.